Las revelaciones sobre el retiro de visas y las investigaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado ya impactan el tablero político de Michoacán. Aunque Alfredo Ramírez Bedolla negó que Washington le hubiera cancelado su visa, versiones periodísticas posteriores lo colocaron entre los gobernadores bajo revisión junto con once colaboradores o personajes cercanos. Entre estos once personajes estaría, Luis Navarro García, secretario de Finanzas y aspirante a la alcaldía de Morelia.
El problema para Navarro es político y judicial. Como secretario de Finanzas y uno de los funcionarios más cercanos al gobernador, su aspiración a la alcaldía de Morelia comienza a ser leída como la continuidad electoral del bedollismo que hoy enfrenta al poderoso Vecino del Norte. Si la presión internacional aumenta, se revelaría que Navarro es uno de los 11 investigados por Estados Unidos junto con el gobernador, según lo investigado por Jorge Fernández Meléndez en Excélsior.
El punto de partida fue la versión difundida por el periodista Salvador García Soto sobre la presunta cancelación de la visa estadounidense del gobernador. Ramírez Bedolla respondió el 19 de febrero que la información era “falsa de toda falsedad”. La negativa, sin embargo, no cerró el expediente político. Meses después, nuevas publicaciones señalaron que el mandatario michoacano estaría incluido en reportes estadounidenses junto con once funcionarios, colaboradores o personajes cercanos a su administración.
La preocupación aumentó después de la visita a Palacio Nacional de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con la versión publicada por Jorge Fernández Menéndez, el funcionario estadounidense habría advertido que Washington preparaba nuevos señalamientos contra políticos mexicanos y habría colocado a Ramírez Bedolla entre cuatro gobernadores bajo observación.
El problema para el gobierno michoacano es que otras filtraciones similares ya dejaron de ser simples rumores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, acusándolos de colaborar con el Cártel de Sinaloa para distribuir drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y respaldo electoral.
Entre los acusados aparece Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas sinaloense. De esta forma, Washington ya dejó establecido que sus investigaciones no se detienen en los gobernadores: siguen las rutas financieras, las decisiones administrativas, los mandos de seguridad y las estructuras encargadas de convertir el poder criminal en protección institucional.
La ofensiva estadounidense se amplió el 3 de junio, cuando Los Angeles Times reveló que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, estarían siendo investigados por presuntas conexiones con el crimen organizado y tendrían revocadas sus visas. Ambos rechazaron los señalamientos. Villarreal incluso mostró físicamente su documento y aseguró que nunca recibió una notificación de cancelación.
En el caso de Michoacán y por el manejo financiero, Navarro sería una de las piezas claves para los estadounidenses, en una administración colocada bajo sospecha. Si no aparecen cargos formales, enfrentará una campaña marcada por preguntas sobre el entorno del gobernador. Si Washington confirma una investigación contra Bedolla o alguno de sus colaboradores, Morena tendrá que decidir si protege al grupo o se distancia de él rumbo a 2027. En política, la responsabilidad penal es individual, pero el costo electoral se reparte entre todos.