La democracia suele sostenerse sobre un principio aparentemente sencillo: reconocer que quienes piensan distinto poseen los mismos derechos que nosotros. Sin embargo, una investigación reciente publicada en el British Journal of Political Science demuestra que esa convicción comienza a resquebrajarse cuando la identidad partidista se convierte en un vínculo emocional. En ese escenario, el desacuerdo político deja de ser una diferencia de ideas para transformarse en una confrontación entre grupos que se perciben como incompatibles.
Los autores denominan este fenómeno "intolerancia partidista", entendido como la disposición de los ciudadanos a restringir derechos fundamentales —como la libertad de expresión, el derecho a manifestarse o la posibilidad de difundir opiniones— cuando esas libertades son ejercidas por simpatizantes del partido contrario. Lo más revelador del estudio es que esa misma restricción desaparece cuando quienes realizan exactamente las mismas acciones pertenecen al propio grupo político.
El hallazgo cuestiona una de las formas tradicionales de medir la tolerancia democrática. Durante décadas, las encuestas preguntaron a los ciudadanos si apoyaban la libertad de expresión o los derechos civiles en términos generales. La mayoría respondía afirmativamente. Sin embargo, cuando las preguntas se formularon de manera concreta —¿permitiría que el partido contrario organizara una protesta o pronunciara un discurso público?— las respuestas cambiaron de manera significativa. La tolerancia abstracta resultó ser mucho más amplia que la tolerancia hacia el adversario político.
Desde la comunicación política, este resultado posee implicaciones profundas. La polarización contemporánea ya no depende exclusivamente de diferencias ideológicas sobre impuestos, seguridad o economía. Cada vez con mayor frecuencia, la disputa política se construye alrededor de identidades emocionales donde el otro deja de ser un competidor legítimo para convertirse en una amenaza moral. La comunicación deja entonces de persuadir para comenzar a movilizar emociones como el miedo, el rechazo o el desprecio.
En este contexto, el poder no necesita censurar directamente las libertades civiles. Basta con alimentar narrativas que deshumanicen al adversario para que sean los propios ciudadanos quienes justifiquen limitar sus derechos. La investigación muestra que la polarización afectiva incrementa la disposición a aceptar restricciones sobre las libertades básicas cuando estas afectan al grupo contrario, revelando cómo la erosión democrática puede surgir desde la opinión pública y no únicamente desde las instituciones.
Las redes sociales amplifican este proceso. Sus algoritmos privilegian los contenidos que generan reacciones intensas, reforzando comunidades políticas cada vez más homogéneas y reduciendo las oportunidades de interacción con perspectivas distintas. Conforme disminuye el contacto respetuoso entre grupos, aumenta la percepción de que el adversario representa un peligro para el país, haciendo más aceptables prácticas que, en otro contexto, serían consideradas incompatibles con los principios democráticos.
La principal enseñanza del estudio es que la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por las libertades que defendemos para quienes piensan como nosotros, sino por nuestra disposición a garantizar esos mismos derechos a quienes más cuestionamos. Cuando la identidad partidista sustituye al reconocimiento de la ciudadanía compartida, la comunicación deja de construir espacio público y comienza a fragmentarlo. En ese momento, el mayor riesgo para la democracia no proviene únicamente de las instituciones, sino de una cultura política donde el enemigo deja de tener derechos simplemente porque ha dejado de ser visto como un igual.
Fuente: Adaptado de James Tilley, Teresa Bejan y Sara B. Hobolt, "Partisan (In)Tolerance and Affective Polarization", British Journal of Political Science, Cambridge University Press, 2026.