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Durante toda la historia moderna, una fotografía, un video o una grabación de audio funcionaron como la prueba más contundente de que algo había ocurrido. Esa presunción básica —ver para creer— se está desmoronando, y con ella una de las bases sobre las que se construía el debate público: la existencia de hechos compartidos que todos, sin importar su postura política, podían dar por ciertos.
El detonante es técnico pero las consecuencias son profundamente políticas: la inteligencia artificial generativa permite hoy clonar la voz, el rostro y los gestos de cualquier persona con un nivel de realismo que hace casi imposible, a simple vista, distinguir lo auténtico de lo fabricado. En las elecciones legislativas argentinas de mayo de 2025, circularon videos manipulados que mostraban al expresidente Mauricio Macri anunciando el retiro de una candidatura para apoyar a otro postulante; eran deepfakes, y su circulación motivó una de las primeras acciones judiciales preventivas contra este tipo de manipulación electoral en la región.
Lo que está en juego no es solo la posibilidad de que circule un video falso —eso, en menor escala, ya ocurría con el fotomontaje analógico— sino algo más profundo: la erosión de la certeza misma. Especialistas en investigación digital describen esta etapa como una en la que "la duda se volvió estructural": una captura de pantalla ya no garantiza identidad, un audio puede fabricarse en segundos, y un video ya no basta, por sí solo, para demostrar que algo sucedió. Tribunales de distintos países ya enfrentan este dilema en juicios reales: en Estados Unidos, jueces han tenido que excluir pruebas "mejoradas" con IA precisamente porque la tecnología no se limitaba a revelar lo que ya existía en la imagen original, sino que agregaba y reconstruía detalles, produciendo una apariencia de realidad que un jurado podía confundir con el hecho mismo.
La respuesta regulatoria más avanzada hasta ahora es la europea: el Reglamento de IA de la Unión Europea exige, a partir de agosto de 2026, que todo contenido generado o alterado por inteligencia artificial se etiquete de forma visible y verificable técnicamente. Grandes plataformas como Meta han anunciado sistemas propios de detección automática. Pero el problema de fondo, coinciden especialistas en derecho digital, no se resuelve solo con etiquetas: mientras un contenido falso puede volverse viral en minutos, su verificación forense puede tardar horas, y para cuando la desmentida llega, el daño en la percepción pública ya está hecho. No se trata únicamente de un problema técnico de detección, sino de una pregunta filosófica que la política deberá aprender a responder de nuevo: ¿sobre qué base construimos un acuerdo colectivo cuando ya no podemos confiar automáticamente en lo que vemos?
Fuentes: FayerWayer, IAPP, Ámbito Jurídico, 421.news, Universidad Isabel I (UI1), Redalyc.