Durante más de un siglo, el Ártico fue considerado una región periférica, casi ajena a la geopolítica global: un espacio de cooperación entre los ocho Estados que lo rodean, sin disputas activas críticas. Ese "excepcionalismo ártico", como lo llaman los especialistas, ha llegado a su fin, y lo que ocupa su lugar es una carrera por recursos, rutas comerciales y soberanía que involucra tanto a potencias árticas como a jugadores que no tienen ni un metro de costa en la región.
El detonante es climático: el Ártico se calienta entre tres y cuatro veces más rápido que el promedio global, lo que ha abierto nuevas rutas de navegación —como la Ruta del Noreste, a lo largo de la costa rusa— que reducen significativamente los tiempos y costos de transporte entre Asia y Europa frente a las travesías tradicionales por Suez o Panamá. Bajo ese hielo que se derrite hay, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del 13% de las reservas mundiales de petróleo no descubiertas y 30% del gas natural, además de tierras raras esenciales para la industria tecnológica.
Rusia controla más de la mitad del litoral ártico y cerca del 20% de su PIB depende de los recursos de esa región, lo que explica por qué Moscú combina un discurso de cooperación internacional con una creciente militarización de sus fronteras árticas. Estados Unidos ha entrado con una postura mucho más agresiva desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: el presidente ha llegado a plantear la posibilidad de tomar Groenlandia —territorio danés— por la fuerza si es necesario, argumentando que debe evitar que caiga en manos de Rusia o China. China, por su parte, no tiene ninguna reclamación territorial en la región, pero se autodenomina un "Estado casi ártico" desde 2018 y ha impulsado su llamada "Ruta de la Seda Polar" mediante inversión en estaciones científicas e infraestructura, especialmente en Groenlandia e Islandia.
El derecho internacional ofrece, en teoría, un marco para resolver estas disputas: la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar extiende la soberanía nacional hasta 200 millas náuticas desde la costa, ampliable si un país demuestra que su plataforma continental se extiende más allá. Es precisamente esa cláusula la que ha convertido a la cordillera submarina de Lomonósov en uno de los puntos más disputados del planeta, reclamada simultáneamente por Rusia, Canadá y Dinamarca como extensión de su propio territorio. A diferencia de la Antártida, que cuenta con un tratado que congela cualquier reclamación territorial desde 1959, el Ártico carece de un régimen jurídico único, lo que deja a la región —según coinciden distintos centros de estudios en defensa— en un punto intermedio entre la cooperación pacífica y una competencia cada vez más tensa.
Fuentes: El Orden Mundial, CIDOB, IEEE/CESEDEN, Expansión, Escenario Mundial, Ministerio de Defensa de España.