El escándalo de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra que recetaba medicamentos controlados sin contar con autorización profesional, tiene un antecedente que compromete la actuación administrativa del Ayuntamiento de San Andrés Cholula: el permiso comercial firmado por Cristina Mixcóatl Juárez. La mujer, que llegó a cobrar hasta mil 400 pesos por consulta y ofrecía tratamientos para enfermedades mentales, fue detenida en noviembre de 2024 y permanece en prisión preventiva mientras enfrenta diversos procesos penales.
Las denuncias de sus pacientes revelaron la gravedad del caso. Cote se presentaba como especialista en psiquiatría, diagnosticaba trastornos mentales y prescribía medicamentos controlados sin contar con las credenciales necesarias. Entre los testimonios públicos destaca el de una paciente que denunció un incremento de su ansiedad y efectos secundarios por los tratamientos recibidos. También se documentaron acusaciones de prescripciones a menores de edad. En julio de 2026 fue vinculada a proceso por suministro de narcóticos, mientras otras víctimas mantienen procedimientos judiciales en su contra.
Pero antes del escándalo, de las denuncias y de su encarcelamiento, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula ya le había otorgado una autorización comercial. El 11 de febrero de 2022, durante la administración de Edmundo Tlatehui, se expidió a nombre de Marilyn Karina Cote Mendieta una cédula para operar un consultorio de psicología en la Reserva Territorial Atlixcáyotl. El documento, identificado con el folio 033, fue firmado por el entonces alcalde y por Magdalena Cristina Mixcóatl Juárez, directora de Giros Comerciales. Aunque el permiso no autorizaba consultas psiquiátricas, su expedición abrió interrogantes sobre los requisitos profesionales y sanitarios revisados por el municipio.
La dimensión de esta omisión administrativa merece especial atención: cuando las autoridades sanitarias intervinieron el consultorio en noviembre de 2024, detectaron que no contaba con la documentación sanitaria ni con los títulos y cédulas necesarios para prestar servicios médicos. ¿Qué verificó entonces la Dirección de Giros Comerciales antes de autorizar su operación? La firma de Mixcóatl no demuestra complicidad con los delitos atribuidos a Cote, pero sí acredita su participación en un trámite cuya revisión resulta indispensable para esclarecer las responsabilidades institucionales.
El caso adquiere mayor relevancia por los cuestionamientos que rodean la permanencia de Cristina Mixcóatl durante aproximadamente cinco años al frente de Giros Comerciales. A su gestión se han atribuido señalamientos de presuntos cobros por prórrogas comerciales, trato desigual en clausuras de bares y antros, así como posibles irregularidades relacionadas con inspectores municipales y permisos para espectáculos. Aunque estas acusaciones no están acreditadas, se suman a las exigencias de transparencia sobre una dependencia que concentra importantes facultades de autorización, vigilancia y sanción.
Marilyn Cote está en prisión preventiva, sus pacientes continúan reclamando justicia y el permiso municipal que recibió lleva la firma de Cristina Mixcóatl. El escándalo no demuestra que la funcionaria conociera los engaños de la falsa psiquiatra, pero deja una responsabilidad administrativa que merece esclarecerse: explicar qué documentos se revisaron, bajo qué criterios se autorizó el establecimiento y por qué se otorgó una licencia comercial a una persona que posteriormente resultó carecer de acreditación para ejercer la medicina. El caso no comenzó con ese permiso —existían denuncias de hechos anteriores—, pero su expedición constituye un capítulo documentado de las fallas de supervisión que permitieron prolongar una actividad investigada penalmente.