A entre 4.000 y 6.000 metros de profundidad, en llanuras abisales, yacen rocas del tamaño de una papa llamadas nódulos polimetálicos. Contienen manganeso, níquel, cobalto y cobre, metales clave para baterías y energías limpias. La zona de mayor interés es la Clarion-Clipperton, un área de unos 6 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Australia, en aguas internacionales entre Hawái y México. La pregunta es quién puede explotarla y bajo qué reglas.
Hasta ahora, la gobernanza descansa en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), creada bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La convención declara los recursos de "la Zona" patrimonio común de la humanidad, y la ISA solo ha concedido contratos de exploración mientras redacta un código minero que regule la explotación. La presión aumentó en 2021, cuando Nauru activó una cláusula que fijó un plazo para que la ISA aprobara las reglas o aceptara solicitudes de todas formas.
El conflicto estalló cuando Estados Unidos, que no es parte de la convención, optó por una vía unilateral. Según Reporte Minero, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) puso en vigencia en enero de 2026 una regla que acelera y simplifica los permisos para minería de nódulos más allá de la jurisdicción nacional, vinculada a una orden ejecutiva de 2025. La empresa The Metals Company ya había pedido a Washington permiso para explotar en la zona Clarion-Clipperton. La medida tensiona el principio de patrimonio común y el papel de la ISA.
Del lado ambiental, la ciencia advierte de impactos serios. Un informe que revisó más de 250 artículos revisados por pares, citado por The Ocean Foundation, concluyó que los efectos serían extensos, severos y de generaciones, con pérdida de especies prácticamente irreversible. Un estudio del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC que revisó marcas de una prueba minera de hace 44 años encontró que las huellas se ven casi como el primer día, con una franja de ocho metros sin nódulos, importantes porque son el sustrato duro donde crecen muchos invertebrados. Especialistas también señalan que la ISA ha acumulado datos durante unos 30 años, aunque no está claro el impacto de largo plazo ni si será peor o mejor que el de la minería terrestre.
Hay quienes cuestionan la capacidad del regulador. Sandor Mulsow, exdirector de la oficina ambiental de la ISA, sostuvo que el organismo carece de capacidad científica para evaluar los estudios de impacto ambiental. Los defensores de la minería submarina, por su parte, argumentan que la demanda de metales para la transición energética exige alternativas a la minería terrestre, con sus propios daños.
La disputa muestra un patrón de la geopolítica de los recursos: cuando una frontera física abre su valor económico, antes de que existan reglas comunes. Entre la unilateralidad y el multilateralismo, la gobernanza del fondo oceánico se juega en reuniones de la ISA en Jamaica y en las decisiones de capitales con intereses propios. El resultado definirá un precedente para otros bienes comunes globales.
Fuentes: Reporte Minero; Knowable Magazine en español; The Ocean Foundation; ICM-CSIC; Planeta Mauna Loa; Naciones Unidas (Crónica ONU); CEPAL; Global Industries.