Pocas disputas territoriales del continente americano son tan antiguas, tan grandes y tan cargadas de petróleo como la del Esequibo. Se trata de unos 160.000 kilómetros cuadrados de selva, ríos y sabana que Guyana administra y que representan alrededor del 70 % de su territorio, pero que Venezuela reclama como propios. Entre el 4 y el 11 de mayo de 2026, ambos países presentaron sus alegatos finales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, y el gobierno guyanés espera una sentencia entre noviembre de 2026 y enero de 2027.
El origen del conflicto está en la época colonial. Cuando Venezuela se independizó de España, heredó la frontera de la antigua Capitanía General, que según Caracas llegaba hasta el río Esequibo, como se había fijado en 1777. Gran Bretaña, que controlaba la Guayana Británica, sostenía otra línea mucho más al oeste. En 1899, un tribunal arbitral reunido en París dictó un laudo que otorgó la mayor parte del territorio a los británicos. Venezuela aceptó el resultado durante décadas, pero en 1962 lo denunció como nulo, tras la publicación de un memorando póstumo de uno de los abogados del caso que sugería un acuerdo político entre los jueces. En 1966, poco antes de la independencia de Guyana, Venezuela, Reino Unido y la futura nación firmaron el Acuerdo de Ginebra, que obligaba a buscar una solución "práctica y satisfactoria" para ambas partes.
Durante medio siglo, esa solución nunca llegó. En 2018, Guyana llevó el caso a la CIJ para que confirmara la validez del laudo de 1899. La Corte se declaró competente en 2020 y rechazó las objeciones venezolanas en 2023. Venezuela sostiene que nunca aceptó la jurisdicción del tribunal y que la disputa solo puede resolverse mediante negociación directa, según el Acuerdo de Ginebra. Aun así, acudió a las audiencias de mayo de 2026 para defender sus "derechos históricos".
El petróleo transformó la disputa. Desde 2015, un consorcio liderado por ExxonMobil ha descubierto enormes reservas frente a las costas guyanesas, en el bloque Stabroek, parte de cuyas aguas dependen de cómo se trace la frontera terrestre. Guyana pasó de ser uno de los países más pobres del continente a tener una de las economías de mayor crecimiento del mundo. La tensión escaló en diciembre de 2023, cuando el gobierno de Nicolás Maduro celebró un referéndum para crear un estado venezolano llamado Guayana Esequiba, y en 2024 aprobó una ley con ese fin. En 2025, Estados Unidos advirtió que respondería ante cualquier agresión contra Guyana.
El contexto político venezolano cambió radicalmente en enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada y encabezó la delegación que viajó a La Haya, pero la posición de fondo de Caracas no varió: Venezuela ha dicho que tiene "fundadas dudas" sobre el proceso y que no reconoce la jurisdicción de la Corte.
El caso plantea una pregunta que va más allá del Esequibo: ¿qué ocurre si un país rechaza un fallo de la CIJ? La Corte no tiene medios para obligar a cumplir sus sentencias, y su autoridad depende de la voluntad de los Estados y del respaldo del Consejo de Seguridad. Para Guyana, se juega su existencia como país tal como lo conoce. Para Venezuela, una reivindicación que forma parte de su identidad nacional desde hace generaciones. La sentencia cerrará un capítulo jurídico, pero no necesariamente el político.
Fuentes: Corte Internacional de Justicia (caso Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, Guyana c. Venezuela); Primicias; Diario Las Américas; Infobae; OilNOW; Bloomberg Línea; Acuerdo de Ginebra (1966).