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En 1997, en la ciudad canadiense de Ottawa, más de un centenar de países firmaron un tratado que muchos consideraron una victoria histórica de la sociedad civil: la prohibición total del uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de minas antipersonal. Ese mismo año, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres y su coordinadora, Jody Williams, recibieron el Premio Nobel de la Paz. Hoy, la Convención de Ottawa reúne a 166 Estados. Pero por primera vez en su historia está perdiendo miembros, y no en zonas remotas, sino en el corazón de Europa.
En 2025, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia anunciaron su retirada del tratado, alegando la amenaza militar de Rusia, que nunca lo firmó y ha usado minas de forma masiva en Ucrania. Las salidas de los países bálticos y de Finlandia se hicieron efectivas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y la de Polonia a comienzos de 2026. Ucrania anunció también su retirada en junio de 2025, aunque el tratado establece que un Estado inmerso en un conflicto armado no puede abandonarlo hasta que termine la guerra. Antes, en noviembre de 2024, Estados Unidos, que tampoco es parte, había autorizado el envío de minas antipersonal a Ucrania.
Los gobiernos que se retiran sostienen que se trata de una decisión defensiva. Comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros con Rusia y Bielorrusia, y argumentan que las minas son una forma barata de frenar o canalizar una posible invasión, especialmente para países con ejércitos pequeños. Desde esta perspectiva, renunciar a ese recurso mientras el adversario lo usa sin restricciones sería un error estratégico.
Las organizaciones humanitarias responden con datos. Según el Monitor de Minas Terrestres 2025, en 2024 las minas y los restos explosivos de guerra causaron 1.945 muertes y 4.325 heridos en el mundo, la cifra más alta desde 2020. Casi el 90 % de las víctimas fueron civiles, y casi la mitad mujeres y niños. Siria, donde miles de desplazados regresaron a zonas contaminadas tras la caída de Bashar al Asad, y Myanmar, con más de 2.000 incidentes, encabezaron la lista. El problema central de las minas es que no distinguen entre soldados y civiles, ni entre tiempos de guerra y de paz: siguen matando décadas después de que termina un conflicto. Camboya, Angola, Afganistán o Colombia todavía limpian campos sembrados hace generaciones.
Los críticos de la retirada temen además un efecto dominó. Los tratados de desarme no se sostienen solo por obligaciones legales, sino por la idea de que ciertas armas son inaceptables. Si democracias europeas, que durante años financiaron el desminado en otros continentes, vuelven a considerar legítimas las minas, otros países podrían seguir su ejemplo. A eso se suma un golpe financiero: los recortes de ayuda, incluido el de Estados Unidos, que aportaba cerca de un tercio de los fondos internacionales para la acción contra minas, ya han cerrado programas de desminado en Afganistán, Irak, Yemen y Colombia.
Algunos analistas proponen una vía intermedia: que los países que salen del tratado se comprometan a usar solo minas con mecanismos de autodesactivación, a mapear con precisión los campos minados y a limpiarlos al terminar cualquier conflicto. Otros consideran que eso abre una puerta difícil de cerrar. El debate refleja un dilema más amplio de esta época: cómo conciliar la seguridad inmediata de los Estados con las normas humanitarias que costó décadas construir.
Fuentes: Monitor de Minas Terrestres 2025 (Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres); The Star / Reuters; Brussels Signal; Ukrinform; Humanity & Inclusion; Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal (1997); Washington Times.